El incremento de los hechos delictuales en el país requiere aplicar recetas distintas a las tradicionales. El mayor nivel de violencia que se observa, sumado a otros fenómenos ilícitos como el aumento de armas de fuego y del comercio ilegal, debe ser enfrentado no solo por las autoridades, las policías y las instituciones judiciales, sino por todos los actores: alcaldes, organizaciones de la sociedad civil, empresas de seguridad, de transporte, de comercio y comunidades.
Efectivamente, la seguridad es un problema multifactorial, que requiere de una actitud colaborativa de todos los actores para vigilar, intervenir el espacio público, la infraestructura urbana y, sobre todo, colaborar.
Recientemente se reactivó el grupo de trabajo entre la Cámara de Centros Comerciales, la Subsecretaría de Prevención del Delito, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público. En el pasado, esta instancia de coordinación tuvo positivos efectos en la adopción de medidas preventivas para reforzar la seguridad de los centros comerciales que son los lugares más concurridos del país (757 millones al año, prepandemia), donde miles de personas van diariamente a entretenerse, a encontrarse con otros, adquirir bienes, hacer trámites y a utilizar la amplia gama de servicios, porque estos establecimientos son esenciales en la vida de las ciudades y de las personas.
Diversas encuestas demuestran que la seguridad es la prioridad para los ciudadanos. Para el comercio, los datos son reveladores. Un reciente estudio de victimización de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) acreditó que un 47,9% de los locales comerciales fueron víctima de algún delito. Esta situación no solo afecta a Santiago que registra un 51% de victimización, sino que también a Antofagasta con un 49,2%, Iquique con 48,5% y Temuco con un 48,1%, lo que demuestra que es un problema crítico a nivel nacional.
Frente a esta realidad todos debemos impulsar un cambio cultural, que se sume a los esfuerzos que están realizando las autoridades. Más allá de las políticas públicas, de las transformaciones sociales, del narcotráfico, de la desigualdad, frente al fenómeno de la delincuencia debemos actuar en conjunto. Una mejor coordinación y una persecución penal eficaz representan desafíos inmediatos del sector público. Desde el sector privado podemos ayudar en prevención, mejor incorporación de tecnología, coordinación con actores clave y en abrir espacios a nuevas formas de trabajo colaborativo. Porque la seguridad es tarea de todos, debemos enfrentarla juntos.
